En su resolución, Wang señaló que varios factores pesan a favor de la activista, entre ellos la duración de la detención, la posibilidad de que esta se prolongue por meses o años, y las condiciones punitivas del centro de detención.

La magistrada también afirmó que los tribunales federales tienen competencia para revisar detenciones migratorias prolongadas, aun cuando existan órdenes finales de deportación.

La jueza confirmó además que puede examinar el argumento de la defensa según el cual Vizguerra fue detenida en represalia por su activismo público a favor de los derechos de los migrantes, lo que podría constituir una violación de la Primera Enmienda. Aunque no resolvió ese punto, calificó las alegaciones como “circunstancias excepcionales” que refuerzan las garantías del debido proceso.

“Esta decisión deja claro que la detención migratoria no está fuera del escrutinio constitucional”, declaró Laura Lichter, abogada principal de Vizguerra, al destacar que ICE deberá justificar la continuidad de la detención en la próxima audiencia.

Vizguerra llegó a Estados Unidos en 1997 desde Ciudad de México y se convirtió en una figura emblemática del movimiento promigrante tras refugiarse en iglesias de Denver para evitar su deportación.

En 2017 fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

La resolución judicial coincidió con una vigilia de Janucá organizada por grupos judíos y organizaciones aliadas frente al centro de detención de Aurora, donde decenas de personas reclamaron la liberación de Vizguerra y denunciaron lo que consideran una persecución política por parte de las autoridades migratorias.

El caso permanece abierto mientras el tribunal analiza las denuncias de represalias y otros aspectos constitucionales del arresto.